En contraste con el "impresionante resultado económico" Lapidario informe de la OCDE cuestiona los “altos niveles de desigualdad” en Chile

La organización, de la que Chile quiere ser parte, constató que en el país es frecuente que se creen trabajos que se caracterizan por su baja productividad, magros salarios y difíciles condiciones laborales. También consideró que para equilibrar la seguridad laboral y la flexibilidad del mercado de trabajo habría que favorecer los sindicatos, cuya debilidad es una de las razones de que las relaciones laborales sean cada vez más conflictivas y problemáticas.
Los logros económicos de Chile en las dos últimas décadas no han permitido reducir las "enormes" desigualdades sociales y para atenuarlas hay que privilegiar políticas centradas en crear más empleos pero de mayor calidad y en reforzar la protección social, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En un informe sobre el mercado laboral y las políticas sociales de Chile divulgado este lunes, la OCDE reconoce el "impresionante resultado económico" del país, pero también los "altos niveles de desigualdad".
Al respecto, la organización señala que mientras el porcentaje de pobres bajó del 39% en 1990 al 14% en 2006, el 10% de la población más rica tiene unos ingresos 29 veces superiores al del 10% de los chilenos menos favorecidos, mientras que la media en la OCDE es de nueve veces.
El conocido como el "Club de los países desarrollados", con el que Chile negocia su adhesión, subraya que los empleos que se crean allí con mucha frecuencia se caracterizan por su baja productividad, sus magros salarios y las difíciles condiciones laborales.
Eso se traducía en que uno de cada cinco trabajadores chilenos carecía en 2006 de un contrato formal o no estaba cubierto por la Seguridad Social, a los que hay que añadir buena parte de los trabajadores por cuenta propia, teniendo en cuenta que sólo un 22% de éstos cotizan voluntariamente para tener seguros sociales.
Recomendaciones
Ante esta situación, la OCDE considera necesario un equilibrio entre la seguridad en el empleo y la flexibilidad laboral lo que pasa por una reforma de la normativa para que aflore como empleo formal el trabajo de las personas con baja calificación y para proteger mejor a los empleados de subcontratas y de agencias de trabajo temporal.
Otra línea de actuación es la eliminación de barreras para que algunos grupos particularmente marginados en el mercado de trabajo, como mujeres y jóvenes o personas con baja calificación, puedan acceder a ese sector de empleo formal.
En el caso de las mujeres, los autores del informe apuestan por incentivar su entrada en el mercado de trabajo con el aumento de los dispositivos públicos para el cuidado de los niños y la educación preescolar, que sólo representaban el 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB), frente a una media del 0,25% en la OCDE.
También consideran que para equilibrar la seguridad laboral y la flexibilidad del mercado de trabajo habría que favorecer los sindicatos, cuya debilidad es una de las razones de que las relaciones laborales sean cada vez más conflictivas y problemáticas.
A ese respecto, proponen reforzar el peso de los sindicatos en las negociaciones sobre cuestiones como el tiempo de trabajo.
La OCDE estima igualmente que Chile tiene que aumentar los recursos que dedica a los servicios al desempleo, que representan únicamente el 0,1% del PIB, en torno a la cuarta parte que la media en sus 30 países miembros. Eso debe ir de la mano de nuevos programas para favorecer la formación y readaptación de los cesantes.
Teniendo en cuenta que la transición entre el sistema educativo y el mercado laboral es una de las principales fallas del sistema en Chile, aconseja aumentar hasta los 25 años la edad a partir de la cual los trabajadores tienen derecho al salario mínimo, que representa un 45% del sueldo medio, un porcentaje superior al 40% de media en la OCDE.
El sistema privado de pensiones aparece como otra fuente importante de las desigualdades sociales, ya que no ha conseguido ofrecer cobertura para la amplia mayoría de los trabajadores, y se quedan al margen en particular los que tienen bajos ingresos, poca cualificación, los jóvenes, las mujeres o los autónomos.
Unas desigualdades que también derivan del bajo nivel de protección social, que no representa más que un 9% del PIB, comparado con el 20% en los países de la OCDE.
06 de Abril de 2009