"Mi despido, decidido por el representante legal de la CUT Arturo Martínez, fue infundado, arbitrario, despótico e ilegal"

El más abajo suscrito, dirigente sindical, con ocasión de la demanda interpuesta contra la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en junio del 2006 por despido injustificado, no obstante mi condición de dirigente sindical en ejercicio, a la opinión pública vengo en señalar lo siguiente:

Con fecha 4 de julio del año en curso, el 5º Juzgado laboral de Santiago en la causa rol L-2280-2006 caratulado Bascuñán Riquelme / Central Unitaria de Trabajadores, ha dictado sentencia en primera instancia que, de acuerdo a la legalidad vigente en materia de derecho laboral, ha sido fallado favorablemente a mi favor, dando satisfacción plena a la aspiración del suscrito, por cuanto viene a poner justicia a una situación que por las características del despido, decidido por su representante legal Arturo Martínez Molina, fue infundado, arbitrario, despótico e ilegal, cuestión que, de acuerdo a la investidura para la que fue concebido, no se condice con la decencia ni la razón que generalmente asiste a un dirigente sindical. Entonces, ¿con qué moral el señor Martínez y la CUT va a defender a un trabajador apartado de sus labores de manera unilateral?

Este fallo de primera instancia, viene a poner en su justo lugar a quien ha hecho del abuso de poder dentro de la Central, una constante, ya que con sus decisiones personalistas y ambiciosas, también creyó pasar por encima de la razón y del imperio de la ley. Estoy cierto que, más allá del resultado de cualquier apelación que el señor Martínez mandate, la acusación moral e histórica a su opaca labor como máximo representante de los trabajadores ya está sentenciada.

Tal vez la razón a que el señor Martínez y la CUT se equivoquen tanto respecto del conocimiento de la ley laboral y de los tratados internacionales, se deba a la total ignorancia que este tiene y por consiguiente, puedo añadir responsable y fehacientemente, esto se deba a que jamás ha sido un trabajador con obligaciones, no conoce de horarios de entrada o salida de algún establecimiento o empresa, como tampoco sabe de una negociación colectiva o defender una determinada materia frente a una gerencia.

Cabe señalar que el fallo en sí es categórico y elocuente, por cuanto el señor Magistrado es claro y preciso en señalar el marco de la ley y la sentencia creo, se ajusta total y absolutamente a derecho. Por lo tanto la Central Unitaria de Trabajadores debe, según el fallo, restituirme todas las remuneraciones con sus costas e intereses incluidos, desde la fecha de mi separación de la empresa vale decir, desde el 2 de junio de 2006.

La protección laboral que inquieta a la derecha

Últimas iniciativas del Ejecutivo que plantean mayor defensa a derechos de los trabajadores provocaron que la CPC y think tank ligados a la Alianza salieran a criticar el rol del ministro del Trabajo.
No es casualidad que en la misma semana en que el Gobierno envió al Congreso el proyecto que modifica el seguro de cesantía, las distintas ramificaciones de la Alianza por Chile -tanto empresariales como centros de estudios y qué decir de sus legisladores- se lanzaran "en picada" contra la hoja de ruta del ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade.
Es que no sólo es un proyecto que defiende el rol de los trabajadores el que el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha enviado a Valparaíso. Además, hay que sumar otro que generó la misma reticencia en el ala derechista de la sociedad: la igualación del sueldo base con el salario mínimo y el polémico artículo de la semana corrida (ver dato).
Aumento de costos, despidos de personal y poco impulso a la competitividad fueron algunos de los argumentos de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) para descalificar estas iniciativas.
De hecho el presidente de la CPC, Alfredo Ovalle calificó como "una pena" el que no se haya incluido en la discusión del proyecto de seguro de cesantía una modificación a la indemnización por años de servicios, viejo anhelo de las entidades patronales. En tanto, para Schmidt fue una "oportunidad perdida" el que no se discutiera este ámbito.
Pero no sólo a nivel empresarial se criticó el programa laboral del Ejecutivo. Durante la semana, el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) dio a conocer un estudio en que se detecta un supuesto aumento de costos para las compañías en caso de aplicar el artículo de semana corrida.
El think tank ligado a la UDI detalla que además de provocar aumentos en los costos, el beneficio provocará rigidez en el mercado laboral. El estudio añade que "existe un grado de incertidumbre con respecto a los resultados que tendrán los proyectos de ley que se han anunciado en la futura agenda (del ministro del Trabajo)".
"Más instrumentos de defensa"
En este escenario, no son pocos los que defienden la labor del Ejecutivo y acusan a la derecha de sólo estar generando temores para flexibilizar aún más el mercado laboral chileno.
El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Central, Humberto Vega, señala que "la agenda laboral del Gobierno va en la línea correcta".
Agrega que "no hay problema de flexibilidad en la economía chilena. Eso es una ideología y una demagogia de los que están acostumbrados a que los costos, ya sea inflación u otra cosa, los paguen los trabajadores y los grupos más pobres. No sólo es un mal análisis económico el que se hace, sino además es una inmoralidad de los que recomiendan hoy la flexibilidad, en una situación chilena donde los salarios son tan bajos y la distribución del ingreso es una de las 15 peores del mundo".
Un análisis coincidente realiza el economista de Aserta Consultores, Hernán Frigolett quien cree que con estas iniciativas "en el fondo se está introduciendo un marco legal donde los trabajadores van a tener más instrumentos de defensa".
Frigolett sostiene que "la mejora del seguro de cesantía no tiene por qué estar amarrada a una modificación de las indemnizaciones. La derecha está interesada en que vayan las dos cosas juntas, porque ahí la negociación sería más favorable a lo que ellos quieren: bajar los beneficios de la indemnización por años de servicio".